Asunción. (dpa) - Al menos 69 heridos y 75 detenidos es el resultado de la violencia generada en Asunción tras la decisión de un tribunal de calificar con levedad el hecho en que incurrieron los propietarios del supermercado Ycuá Bolaños, que se incendió en agosto de 2004 produciendo unos 400 muertos y unos 500 heridos.
El Tribunal de Sentencia paraguayo, con el fallo de dos de los tres jueces, calificó como "homicidio culposo" la actuación de los propietarios Juan Pío y Víctor Daniel Paiva y del guardia de seguridad del supermercado Daniel Areco.
La expectativa de pena para la calificación del delito es de hasta cinco años de prisión, en tanto que el Ministerio Público y abogados querellantes solicitaron la calificación de homicidio doloso, cuya expectativa de pena es de hasta 25 años de cárcel.
El principal argumento del fiscal y las víctimas al solicitar la máxima pena de la legislación paraguaya fue que las puertas del local fueran cerradas cuando comenzó el fuego, para evitar actos de vandalismo o que los clientes se retirasen sin pagar.
Los jueces Manuel Aguirre y Elio Ovelar concluyeron que no tenían suficientes pruebas para inferir que hubo una orden expresa de cerrar las puertas en pleno incendio para que la gente no saliera. Entre tanto, la presidenta del Tribunal, Maria Doddy Báez, en disidencia, condenó a los Paiva y al custodio Areco por el delito de homicidio culposo con dolo eventual.
Antes de terminar de dar lectura al fallo, víctimas y familiares de los fallecidos, presentes en el lugar, reaccionaron con violencia y con gritos de repudio hacia los jueces, arrojaron muebles y todo ontra los miembros del Tribunal y los agentes policiales que resguardaban el polideportivo de una unidad militar de Asunción donde se celebró el juicio.
Los sobrevivientes y familiares de víctimas marcharon posteriormente hacia el local de otro de los supermercados de la cadena Ycuá Bolaños, donde también se encuentra la vivienda de algunos miembros de la familia Paiva, principales acusados por la tragedia.
Tras llegar al local comercial, los manifestantes ingresaron y destruyeron cajas registradoras, mercaderías y muebles, según las imágenes de los canales de televisión que transmitían en directo.
Los manifestantes arrojaron piedras a los agentes de la policía antimotines y de caballería. Estruendos de petardos, humo de cubiertas quemadas y barricadas integraban el escenario donde se registraron los incidentes.
Los efectivos antimotines intentaban dispersar la manifestación con balines de goma y gases lacrimógenos, pero los manifestantes permanecieron en el lugar, y con los gritos de "el pueblo no se rinde" y "ni olvido ni perdón" dirigían lluvias de piedras hacia los policías, e incendiaron una caseta policial. Una densa humareda cubría la zona hasta donde acudió una dotación de bomberos para sofocar el fuego.
Los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías duraron más de cuatro horas y el presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, en declaración al canal 4 de televisión de Asunción, llamó "a la cordura para no desviar la lucha por la justicia".
Descartó también la posibilidad de dictar una medida de excepción así como que intervengan las Fuerzas Armadas para disolver las manifestaciones.
"Las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento para este tipo de conflictos, de confrontación", dijo Duarte Frutos. Sin embargo, no descartó la presencia militar "pero en casos muy extremos".
Las organizaciones de las víctimas y familiares exigieron la renuncia de los jueces Aguirre y Ovelar y la consiguiente integración de un nuevo tribunal. "Esto no es vandalismo, esto es rabia popular contra la injusticia", dijo una de las dirigentes de las víctimas, Liz Torres.
El fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla anunció que el Ministerio Público decidió recusar a los integrantes del Tribunal de Sentencia Ovelar y Aguirre, para que los mismos se aparten del proceso.
El fiscal de la causa, Edgar Sánchez, explicó que "la fiscalía ha perdido la confianza en estos jueces que son causantes de la grave conmoción que afecta a la sociedad paraguaya". "Nos negamos a seguir participando en esta farsa montada por estos señores en detrimento de una sociedad que espera justicia", agregó.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia José Altamirano dijo que estaba dispuesto a remover a los jueces del Tribunal cuyo fallo produjo la violencia y convocó a los ocho restantes miembros para deliberar y discutir tal posibilidad.
El presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso, Enrique González Quintana, anunció que convocará a los representantes del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que analicen el accionar de los fiscales y jueces, así como la sentencia del caso Ycuá Bolaños.
El juicio contra los dueños del supermercado y el guardia Areco había comenzado el 24 de julio pasado y en el mismo testificaron más de 170 personas.
El incendio, la peor tragedia civil vivida en Paraguay, se había originado por la acumulación de grasa y hollín en la chimenea de un restaurante dentro del local. El bloqueo de los accesos para evitar robos impidió el desalojo de más de un millar de personas que hacían compras o almorzaban en el interior.
El lugar tampoco contaba con salidas de emergencia adecuadas, alarmas contra incendio y otras medidas de seguridad contempladas en las ordenanzas municipales.
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